El Tratado de Niza firmado en 2001, venía a agotar las vías ofrecidas por el Tratado de Maastrich, tratando entre otros temas, las reordenaciones en las instituciones, los problemas de cesión de poder de los estados miembros y sobre todo el enfrentamiento por la parcela de poder dentro del Consejo de Ministros (doble mayoría, mayoría cualificada y minoría de bloqueo). Fue tachado por parte de los federalistas como una nueva ocasión perdida en el avance hacia una supranacionalidad, que colocaba a la UE como un ente muy alejado de la ciudadanía y lleno de trabas en forma de distintos tratados y protocolos acumulados desde 1951, que dificultaban cualquier avance hacia la integración, todo ello con la vista puesta hacia la futura y cercana ampliación. Lo que provocó un proceso de reflexión y negociación post-Niza por parte de los miembros de la CIG, Declaración de Laeken, que tratase de refundir los diferentes tratados en uno solo, el TCE.
Entre los años 2002 y 2003 la Convención sobre el Futuro de Europa, integrada por miembros del Parlamento y la Comisión Europea además de representantes de sindicatos y patronales, elaboró el anteproyecto de una Constitución para Europa o denominada también Tratado Constitucional Europeo (TCE). Con él, se pretendía dar un nuevo impulso fundamentalmente federalista, aprobado en junio de 2004 por el Parlamento Europeo y firmado en octubre por los jefes de Gobierno en Roma, buscaba la refundición de los diferentes tratados que existían en uno sólo, algo que se acordó ya en la Conferencia Intergubernamental (CIG) que preparó el Tratado Niza. Para así tratar de conseguir un código constituyente para toda la UE, con el fin de otorgarle una estructura federativa, y que debería entrar en vigor el 1 de noviembre de 2006.
La gran movilización de los euroescépticos, basándose en la pérdida irreversible de parte de la soberanía nacional de los estados, fue de nuevo el obstáculo principal que encontró la UE para la ratificación; como bien previno el Parlamento Europeo el 12 de enero de 2005 recomendando a los ciudadanos de la UE que lo refrendasen. Si bien no hubo problemas en los países en los que la ratificación dependía del Parlamento, si los empezó a haber cuando ésta dependía de una consulta popular. La no ratificación del mismo en los referéndums de Holanda y Francia, propició la cancelación de parte de los que restaban por el temor que triunfase el no, y que la crisis institucional provocada fuese más acusada.
El fracaso causado por el abandono de la aprobación del TCE, hizo crecer la imagen de distanciamiento de la Unión con respecto a los ciudadanos. Para evitarlo se creó un comité, el denominado Grupo de Sabios, que en septiembre de 2006 se reunió por primera vez, con la intención de cambiar el texto y facilitar el consenso.
Fuente: usuario forzaDepor del blog Página No Oficial de Uned-historia
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