El 9 de febrero de 1962 el Gobierno de Franco, a través del ministro Castiella, solicitó del Mercado Común una apertura de negociaciones para la asociación con vistas a una adhesión futura. Esta fórmula tenía implicaciones políticas pues pocos meses antes la Asamblea Parlamentaria de la CEE había aprobado el informe Birkelbalch, que establecía que tanto la asociación como la adhesión plena exigían la existencia o la tendencia hacia un cierto nivel de desarrollo económico, de compromiso con el bloque occidental y de sistema democrático. Aunque las expectativas de la mayoría del Gobierno de Franco eran puramente económicas, puede ser que la elección por Castiella de la fórmula de la asociación implicara una voluntad de apertura política del Régimen.
La reacción de los Gobiernos ante la petición española fue positiva en los casos de Alemania y Francia, mientras que otras potencias europeas evitaron un pronunciamiento prematuro. Por el contrario, la petición de asociación desató rápidamente campañas de opinión antifranquistas. No obstante, el Consejo de Ministros de la CEE realizó un acuse de recibo de la petición del Gobierno de Franco y, en mayo, el Consejo de Europa recomendó algún tipo de asociación económica siempre que se aprobaran cambios políticos. La coincidencia de la petición de asociación con las huelgas generalizadas de Asturias y el País Vasco y, sobre todo, con la represión de los participantes en el Coloquio europeísta de Munich, originó una nueva campaña internacional de condena contra el régimen franquista.
El cambio del Gobierno de Franco de julio de 1962 permitió contrapesar algo la mala imagen internacional que había traído consigo tanto la represión como las concentraciones y discursos de contenido antiliberal. En enero de 1963 el Consejo de Ministros de la CEE trató la cuestión española. El Gobierno de Bélgica fue el más beligerante contra la petición de España, alegando la falta de libertad religiosa de los no católicos. Lo más decisivo fue, no obstante, el veto de De Gaulle hacia la solicitud británica de adhesión. Este veto paralizó todas las negociaciones.
A comienzos de 1964, con la apremiante necesidad de abrir mercados al desarrollo industrial en marcha, Asuntos Exteriores volvió a la carga, recordando la petición hecha dos años antes , aprovechando la actitud tolerante hacia el franquismo de los gobernantes de la RFA y Francia (Couve de Murville visitó Madrid expresamente para apoyar la propuesta). Aunque Spaak no era precisamente admirador de Franco, llegó a un acuerdo vago para abrir “conversaciones exploratorias”. El Parlamento europeo se oponía.
Las “conversaciones exploratorias” se iniciaron el 9 de diciembre de 1964, llevadas por parte española por la CICE (Comisión Interministerial para el estudio de la Comunidad Económica). Estuvieron dirigidas por Núñez Iglesias, aunque coordinadas por López Rodó, titular de la Comisaría General del Plan de Desarrollo. Pero el esfuerzo de ambas partes se vio lastrado por las reservas de los gobiernos europeos, conscientes de la impopularidad de la dictadura española. Y la “crisis de la silla vacía” paralizó las negociaciones durante meses.
Tras el cambio de gobierno de julio de 1965, que fortaleció aun más a los tecnócratas, envueltos en un “aura de modernidad” funcional y eficacia, y no estaban dispuestos a dejar a los “católicos” la gestión de las relaciones con la CEE que, desde su punto de vista, difícilmente avanzarían si no se ceñían a aspectos puramente comerciales. Franco elevó la Misión Diplomática ante las Comunidades al rango de Embajada y designó para el puesto a Alberto Ullastres, saliente de Comercio, en detrimento del equipo técnico de Exteriores (de donde provenía Núñez Iglesias). Frente a la esperanza de obtener el estatuto político de asociación con la CEE, Ullastres comprendió enseguida que los proyectos de lograr algún tipo de adhesión a los organismos comunitarios como estado asociado, o de alcanzar grandes acuerdos económicos, estaban condenados al fracaso. Consideraba más realista convencer al Gobierno para que negociara un simple acuerdo de comercio preferencial.
Las conversaciones exploratorias, reanudadas a comienzos de 1966, fueron largas y difíciles. En diciembre de ese año, el Consejo Europeo planteó tres posibles vías para la negociación formal con España:
- Un acuerdo comercial sobre determinados productos;
- Un acuerdo de asociación;
- Un acuerdo comercial preferente de carácter general, negociado en dos fases.
La primera propuesta fue rechazada por el Gobierno español y la segunda suscitó el rechazo de los países del Benelux e Italia, que la veían como una legitimación del franquismo.
Por lo tanto la Comisión Europea se limitó a asumir una propuesta de acuerdo comercial preferente, que se empezó a negociar en septiembre de 1967. Todavía estaba vigente la
Doctrina Bilkerbach. El propio Monnet expuso con claridad la imposibilidad de ir más allá, en las circunstancias actuales. Tan sólo se estudió la primera fase de las dos previstas, centrada básicamente en “una zona de librecambio debilitada”. La culminación de la primera fase no implicaba necesariamente el inicio de la segunda.
La propuesta comunitaria de acuerdo comercial conforma al artículo 113 del Tratado de Roma, preveía para la primera fase rebajas arancelarias por capítulos de productos, de muy distinto calibre para cada parte. La CEE asumiría un rebaja del 60% en la importación de la mayoría de los productos industriales españoles y de un 40% para los textiles y el calzado. Por su parte, España asumiría una rebaja muy inferior de sus aranceles, que sería del 25% para más de la mitad de sus importaciones industriales de la CEE. En cuanto a los productos agrícolas, sólo se beneficiarían aquellos que no compitiesen abiertamente con la producción de os miembros de la CEE – aceites, frutas y horticultura, bebidas alcohólicas, y que suponía el grueso de la exportación española.
Ullastres proponía un desarme arancelario prácticamente total para las principales exportaciones españolas a la CEE, a cambio de una reducción del 35-40 % para el resto de las manufacturas, así como un desarme arancelario total para la agricultura.
La crisis monetaria de finales de los años sesenta, que forzó la devaluación de la peseta, llevó al cierre del primer mandato negociador sin haber alcanzado un acuerdo. En octubre de 1969, tras recibir la Comisión bilateral un segundo Mandato, la delegación española retornó a Bruselas. La integraban el ministro de AAEE López-Bravo, Ullastres y representantes de los ministerios de Comercio, Agricultura e Industria, La ronda culminó con el
Acuerdo Comercial Preferencial, firmado en Luxemburgo el 29 de junio de 1970.
El acuerdo que se ceñía a la CEE y excluía por lo tanto los ámbitos de competencias comunitarias de la CECA y la Euratom, estaba destinado a permitir una progresiva liberalización comercial, pero en términos desiguales para ambas partes. Preveía dos etapas, cerradas y sin continuidad automática la una de la otra. El
Acuerdo preferencial de 1970, entró en vigor el 1 de octubre, y fue admitido por la Comisión Europea en la creencia de que España podía exportar fundamentalmente productos agrícolas, mientras que en el terreno industrial, que consideraban muy secundario, otorgaron un generosísimo desarme. Pero las empresas españolas ganaron rápidamente cuota de mercado en el exterior e importaron a precios muy convenientes los bienes de equipo que no producían. Los desarmes arancelarios eran hasta del 63 % y sólo un 5 % de las importaciones comunitarias seguían sujetas a cuotas.
El acuerdo de Luxemburgo fue presentado a la nación como un rotundo triunfo del Régimen, sobre todo en el terreno político, pero realmente, era un simple acuerdo comercial, sin trazas de asociación ni de integración. Formalmente, España sólo logró ante la CEE el mismo estatus jurídico que Marruecos, Túnez e Israel.
Estas negociaciones prolongadas no provocaron grandes pasiones en España. El europeismo era algo difuso, ajeno a la sociedad. Quedaba para grandes europeistas exiliados, como Salvador de Madariaga o José María Gil-Robles. La autarquía, el aislamiento y la defensiva diplomática creó un sentimiento de rechazo a lo que represe taba la nueva Europa. Además, la propaganda franquista impulsaba el rechazo a los sistemas “demoliberales”, poco menos que la antesala del comunismo. También era lógico un sentimiento de autodefensa a medida de que el régimen era excluido de las principales organizaciones de la Europa democrática (CECA, CEE, EURATOM). Franco fue consciente del que el deseo comunitario a que la negociación se limitara a un simple acuerdo comercial era una bofetada a su régimen.
Fuente: usuario Eme del blog
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