Glosario de Historia del Mundo Actual (II)

Crisis financiera:
Se denomina crisis financiera a toda situación en que instituciones o activos financieros pierden rápidamente una parte de su valor. Estas crisis pueden afectar a los bancos, a las cotizaciones bursátiles, a la cotización internacional de las monedas o a la deuda pública. En principio representan pérdidas monetarias para determinadas instituciones o inversores privados, que no implican necesariamente una destrucción de riqueza real, pero pueden provocar una recesión económica, en cuyo caso se ve también afectada la producción de bienes y servicios.
Una crisis bancaria se produce cuando los clientes que han depositado su dinero en un banco pierden confianza en su solidez y acuden en masa a retirar sus depósitos. Puesto que los bancos no conservan como reserva más que una fracción de los depósitos de sus clientes, si éstos acuden a retirarlos en masa el banco no podrá cumplir con ellos sin ayuda de otros bancos o de instituciones estatales. Puesto que la pérdida de confianza es contagiosa, a veces se utiliza la expresión pánico bancario. En el peor de los casos la crisis puede extenderse a todo el sistema bancario de un país e incluso contagiarse a nivel internacional, como ocurrió al inicio de la Gran Depresión de los años treinta.
Una crisis bursátil se produce cuando una pérdida de confianza induce a ventas masivas de activos de las empresas cotizadas en bolsa, cuya cotización puede llegar a caer en picado. A veces tales crisis bursátiles representan el episodio final de una burbuja especulativa, como ocurrió con el hundimiento de la bolsa de Nueva York en 1929.
Una crisis monetaria se produce cuando una pérdida de confianza en la economía del país conduce a un brusco descenso en la cotización de su moneda a través de un rápido deterioro de su balanza de pagos, debido a que se produce una fuga de capital y se reducen las inversiones extranjeras. El mecanismo es automático si la cotización de esa moneda fluctúa libremente, mientras que si la cotización es fijada por el Estado, es necesaria una decisión política de proceder a una devaluación, es decir a un descenso a la tasa de cambio fijada.
Una crisis de deuda pública se produce cuando la pérdida de confianza de los mercados obliga a un Estado a aumentar el interés que ofrece en sus emisiones de deuda pública.

Déficit público y deuda pública:
Se denomina déficit público a la diferencia entre los gastos y los ingresos de un Estado. Cuando por el contrario los ingresos son superiores a los gastos se produce un superávit. Dentro del déficit público se incluyen el del Estado central o federal, el de los Estados federados o comunidades autónomas y el de los municipios. El déficit se expresa en porcentaje del PIB. El déficit se financia mediante el recurso al crédito, ya sea mediante emisiones de títulos de deuda ofrecidas a inversores privados o mediante créditos concedidos por instituciones internacionales u otros gobiernos. Si el déficit se prolonga se va acumulando la deuda pública, que suele expresarse en porcentaje del PIB del país. Así, por ejemplo, si la deuda pública de un Estado representa el 50 % del PIB, esto supone que la deuda acumulada por el Estado representa la mitad de la producción total del país durante un año. Puesto que la deuda pública es la deuda de un Estado soberano, se le denomina también deuda soberana.
Parte de la deuda pública es adquirida por inversores nacionales (deuda interior) y parte es exterior. La deuda exterior es la deuda contraída por un país respecto a instituciones internacionales, otros Estados e inversores extranjeros privados, e incluye tanto deuda pública como deuda privada.
Los Estados pagan un interés por su deuda y si la deuda es elevada el pago de intereses se convierte a su vez en un componente importante del gasto público y por tanto del déficit. La tasa de interés es más baja cuanto mayor es la confianza en que el Estado que emite los títulos de deuda está en disposición de pagar los intereses ofrecidos y se eleva en la medida que aumenta el riesgo percibido por los inversores. Se denomina por ello prima de riesgo al incremento de la tasa de interés de las emisiones de deuda pública debido a la desconfianza de los mercados. En Europa la deuda alemana es la que inspira más confianza y por ello la prima de riesgo se mide por la diferencia entre la tasa de interés que un país se ve obligado a ofrecer al realizar una emisión de deuda y la que ofrece
Alemania. Así, por ejemplo, si el bono español a diez años se emite a un interés del 2,55 % y el alemán al 0,75 % se dice que el diferencial que expresa la prima de riesgo es de 180 puntos básicos.
Si un Estado se ve imposibilitado para pagar los intereses de su deuda recurre a la reestructuración de la deuda, que implica una negociación con grandes inversores institucionales y privados para conseguir una reducción de los intereses y de los plazos de pago. El temor a una reestructuración hace subir en gran medida las tasas de interés que se han de ofrecer al emitir deuda. Es decir que cuanto más aumenta el déficit público más aumenta la deuda pública y más disminuye la confianza de los inversores, lo que a su vez se traduce en un aumento de las tasas de interés y un mayor déficit público. Para evitar ese círculo vicioso los Estados han de ajustar su presupuesto, recurriendo a la elevación de los impuestos y a la reducción de los gastos.
El déficit público está condicionado por las fluctuaciones del ciclo económico. En momentos de crisis se reducen los ingresos públicos, porque los impuestos rinden menos, y se elevan los gastos sociales, especialmente las prestaciones por desempleo. Por otra parte, como destacan los economistas de la escuela keynesiana, en circunstancias de crisis el déficit público resulta necesario para estimular la demanda y reactivar la economía. El intento de eliminar el déficit en plena crisis, incrementando los impuestos y/o reduciendo los gastos sociales, puede resultar contraproducente, al reducir aún más la demanda. A la vez, la necesidad de evitar la espiral de aumento de la deuda, desconfianza de los mercados e incremento de la prima de riesgo implica la necesidad de ajustes para reducir el déficit público. Por ello en los momentos de crisis aguda, como la Gran Recesión iniciada en 2008, los gobiernos se encuentran ante la dificultad de ajustar el presupuesto para recuperar la confianza de los mercados y al mismo tiempo evitar que el ajuste sea tan duro que implique una caída del consumo perjudicial para la reactivación económica.

Democracia:
El término democracia procede del griego y significa gobierno del pueblo. Los primeros ejemplos de gobierno democrático conocidos son los de las antiguas ciudades-estado griegas, en las que se practicaba una forma de democracia directa, mediante la participación de los ciudadanos en asambleas populares. La democracia moderna es en cambio representativa, es decir que son los representantes elegidos por el pueblo quienes deliberan acerca de as principales decisiones a tomar. El punto de arranque de la democracia moderna fueron las revoluciones americana y francesa de fines del siglo XVIII, pero el momento preciso en que se estableció la primera democracia depende de la definición exacta que se adopte.
Las definiciones clásicas se han centrado en la fuente de legitimidad del gobierno (la soberanía popular), en el propósito del gobierno (el bien común) y en el procedimiento para formar el gobierno (mediante la decisión de los representantes del pueblo). Este último fue el aspecto destacado por Joseph Schumpeter en su libro de 1942, Capitalismo, socialismo y democracia, en el que criticó la validez de las definiciones basadas en la fuente de legitimidad y el propósito del gobierno y propuso definirla en términos de procedimiento, es decir en la competencia por el voto del pueblo entre quienes aspiran a gobernar. En esa misma línea y en un libro publicado en 1991, La tercera ola, Samuel Huntington ha definido el sistema democrático como aquel en que el poder se basa en elecciones “limpias, honestas y periódicas” en las que los candidatos compiten libremente por los votos y virtualmente toda la población adulta tiene derecho al voto, lo cual implica la existencia de libertades de expresión, reunión y asociación que hagan posible el debate político y permitan la organización de campañas electorales.
Una definición basada en el procedimientos tiene la ventaja de que permite identificar si un sistema es democrático mediante el análisis de aspectos como la limpieza electoral y el control parlamentario del gobierno, pero en último término una democracia implica también un consenso general sobre unos principios éticos fundamentales, que se pueden resumir en una concepción de la dignidad humana que postula la libertad y la igualdad de todos los hombres y mujeres. La declaración de independencia de los Estados Unidos de América lo planteó así en 1776, al afirmar que “todos los hombres son creados en la igualdad, y dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, y que para asegurar esos derechos crean los hombres gobiernos “que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados”. Más de dos siglos después Ronald Dworkin, en su libro La democracia posible (2006), ha definido los dos principios básicos de la dignidad humana en los que se basa el consenso democrático como el “principio del valor intrínseco” y el “principio de la responsabilidad personal”. El primero, que responde al ideal de igualdad, implica que todas las vidas humanas tienen un valor y que es importante que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar su potencialidad. El segundo, que responde al ideal de libertad, implica que corresponde a cada persona la responsabilidad de desarrollar su propia potencialidad, de acuerdo con sus propios valores personales.
En su libro de 1991, La tercera ola, Huntington ha propuesto una periodización de la historia de la democracia basada en tres periodos de avance, que denomina olas, separados por dos de retroceso. La primera ola, que arrancó de las revoluciones americana y francesa de fines del siglo XVIII, condujo a mediados del siglo XIX a la aparición de los primeros sistemas políticos que satisfacían los criterios mínimos de la democracia, definidos como un gobierno responsable ante un parlamento que a su vez es elegido periódicamente por un cuerpo electoral suficientemente amplio. La derrota de los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial condujo al punto más alto de esta primera ola y el retroceso se inició poco después con el establecimiento del régimen fascista en Italia. A partir de entonces se produjo el auge de las dictaduras, que llegó a su ápice con la conquista alemana de gran parte de Europa en la II Guerra Mundial. La derrota del Eje dio inicio una segunda ola democratizadora, que se vio potenciada por la descolonización, pero esta segunda ola fue de breve duración, pues el reflujo se inició a comienzos de los años sesenta, con el avance de las dictaduras en Asia, África y América latina. La tercera ola democratizadora se produjo en el último cuarto del siglo XX. Su inicio se produjo con la caída de las dictaduras de la Europa mediterránea y su momento culminante fue el hundimiento del comunismo, que desde 1945 había representado la gran ideología que rivalizaba con la democracia.

Derecho de autodeterminación:
En el derecho internacional se entiende por derecho de autodeterminación el principio según el cual los pueblos o naciones tienen derecho a decidir libremente acerca de su soberanía política, es decir que pueden optar por la independencia, la federación, la autonomía o la plena integración dentro de un Estado más amplio. No existe sin embargo consenso alguno acerca de qué características definen a un grupo humano como pueblo o nación ni acerca de cómo puede ejercer ese derecho de autodeterminación.
La Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 1945, afirma que las relaciones de amistad entre las naciones deben basarse en “el principio de iguales derechos y autodeterminación de los pueblos”, sin más precisión. Las resoluciones de Naciones Unidas nunca han sostenido que la plena independencia sea el mejor instrumento de autogobierno de un pueblo. Las naciones de Asia y África previamente sometidas a dominio colonial que se independizaron a partir de 1945 lo hicieron en nombre del principio de autodeterminación, pero trazaron sus fronteras de acuerdo con el principio jurídico de uti possidetis (como poseéis), derivado del derecho romano, que supone el mantenimiento de los límites territoriales existentes, en este caso las antiguas fronteras coloniales. Este principio fue ya invocado por Simón Bolívar en el momento de la independencia de las repúblicas latinoamericanas, por considerar que el mantenimiento de los límites entre las antiguas demarcaciones administrativas coloniales era el modo menos conflictivo de trazar las nuevas fronteras. De la misma manera las nuevas fronteras asiáticas y africanas se basaron casi exclusivamente en las establecidas durante el período colonial, sin tomar en cuanta las diferencias étnicas o lingüísticas ni trazar fronteras mediante referéndum. Dado que casi ningún territorio era homogéneo desde el punto de vista étnico y lingüístico y que las fronteras entre grupos étnicos y lingüísticos no eran nítidas, cualquier otra solución habría resultado muy conflictiva.
El derecho de autodeterminación llevado al extremo chocaría con otro principio básico del derecho internacional, el de la integridad territorial de los Estados, que se considera fundamental para el mantenimiento de la paz. Así es que el único caso en el que el derecho de autodeterminación tiene indiscutible primacía es el de los territorios coloniales o sometidos a ocupación extranjera, cuyos habitantes no tienen la nacionalidad de la potencia ocupante y por tanto se ven privados no sólo del derecho colectivo de autodeterminación como pueblo, sino del derecho individual a poseer una nacionalidad, reconocido en el artículo 15 de la Declaración universal de los derechos humanos, aprobada por Naciones Unidas en 1948. La Declaración del milenio, aprobada por Naciones Unidas en 2000, afirmó “el derecho de autodeterminación de los pueblos que permanecen bajo dominio colonial y ocupación extranjera”, sin añadir más.
El conflicto se plantea cuando un grupo humano que es mayoritario en un territorio que forma parte de un Estado más amplio se considera a sí mismo como una nación y reivindica el derecho a la autodeterminación. El caso se ha repetido varias veces en los últimos años, por ejemplo en la disolución de Yugoslavia, sin que la comunidad internacional haya adoptado una doctrina coherente al respecto. En el caso de que la división se realice por acuerdo de las partes, los nuevos Estados son inmediatamente reconocidos por la comunidad internacional, como ocurrió en el caso de la República Checa y de Eslovaquia, surgidas de la división de Checoslovaquia. Cuando la independencia se declara unilateralmente no existe en cambio un criterio unánime, como ocurre en el caso de Kosovo, cuya independencia respecto a Serbia ha sido reconocida por la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, pero no por otros como España. Una doctrina quizá aplicable al caso de Kosovo es la del jurista Allen Buchanan, quien defiende la integridad territorial como un elemento legal y moral de la democracia, pero admite el derecho a la secesión sólo como último recurso de aquellos grupos humanos que hayan sufrido graves injusticias para las que la secesión resulte el remedio apropiado.

Fuente: Juan Avilés